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Banquetera acusada de estafa se entrega y queda en prisión preventiva

Natalia Álvarez Murillo, acusada de estafa reiterada por presuntos falsos servicios de banquetería a cerca de 60 parejas, se entregó este martes ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedó en prisión preventiva.

22 de septiembre de 2026, 17:20

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La medida será cumplida en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, según confirmó su abogado, Pablo Ehrenberg, quien señaló que su representada se presentó después del mediodía para cumplir con lo determinado por el tribunal.

Álvarez había quedado inicialmente en libertad bajo una caución de $5 millones, resolución que posteriormente fue modificada tras una apelación de los querellantes y el Ministerio Público. Tras ello, la defensa recurrió a distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.

Consultado por la demora en su entrega, el abogado sostuvo que durante las últimas semanas se presentaron distintos recursos y que, una vez agotadas las vías judiciales, su representada se entregó. “Ya no existiendo ninguna vía legal y judicial que proceda en este país, lógicamente que determina y era claro que se iba a presentar ante los tribunales de justicia”, afirmó.

Respecto de la estrategia de defensa, Ehrenberg sostuvo que Álvarez no optó por un procedimiento abreviado, a diferencia del otro imputado en la causa, José Galarce, quien fue condenado mediante ese mecanismo.

En ese sentido, dijo que “hablar de estafa reiterada en relación a mi representada es adelantarse a los hechos”, reivindicando la presunción de inocencia de la banquetera. “Una cosa es que sea formalizada y otra es que se entienda inocente, y toda persona es inocente mientras no exista un juicio. Así que, desde ese punto de vista, el día de hoy mi representada es inocente“, subrayó.

Además, el abogado destacó que existen contratos entre los afectados y la empresa Probarte, que —según dijo— es dependiente de Galarce y no de su representada.

Según explicó, algunos de los contratos establecían que, si los clientes desistían de realizar el matrimonio, podían perder parte de los montos entregados; por ello, sostuvo que la investigación corresponde a incumplimientos contractuales y no a una estafa.

El defensor abordó los matrimonios que quedaron sin el servicio contratado. Afirmó que, de cuatro casos que conoce, tres no habrían pagado la totalidad de lo acordado, mientras que en otro sí se habría pagado el total. “Y en ese caso el responsable directamente es Probarte. ¿Y Probarte de quién era? De don José Galarce, que es el cónyuge de la coimputada que está en la presente causa y que aceptó gratamente este tipo de procedimiento que era abreviado porque era el que mejor le convenía”, aseguró.

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